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Empleadas del hogar familiar y su sistema de cotización

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Sueldos bajos, pobreza, precariedad, falta de protección social en cosas tan elementales como cobrar el paro, entre otras limitaciones…

Ese es el panorama al que se enfrentan buena parte de las más de 630.000 empleadas del hogar que se calcula que trabajan en España. Una cuarta parte de ellas, 163.925, no están registradas en la Seguridad Social. Y las que sí lo están, no disfrutan de los mismos derechos que el resto de asalariados, lo cual da lugar a una situación de desigualdad y, muy a menudo, también de desamparo.

Además de un problema laboral y social, la remuneración informal, cuando no ilegal, de las trabajadoras del hogar es también un problema macroeconómico. Según un estudio de Oxfam Intermón y el Laboratorio de Derecho Social del Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III, la tercera parte de esas empleadas vive en hogares bajo el umbral de la pobreza. Y si todo el sector se remunerara de forma legal, equivaldría al 2,8% del PIB.

Normativa laboral y de extranjería adversa

¿Cuál es la causa de este fenómeno? ¿Se podría solucionar subvencionando la contratación, las cotizaciones a la Seguridad Social, aumentando las bonificaciones, o con desgravaciones? ¿Cómo afrontar estos problemas? La situación del sector muestra que la inmensa mayoría del empleo doméstico lo realizan mujeres –el 96%, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)–, muchas de las cuales son extranjeras –un 42%–, en especial latinoamericanas. La explotación laboral abunda en el sector, y se dan casos que bordean la esclavitud. Sobre todo, entre las internas en los hogares las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Así lo denuncia CCOO. El sindicato aborda los problemas del sector en su informe Situación laboral de la población extranjera en Cataluña, con datos de 2017. Y lo hace desde una triple perspectiva. Por una parte, destacando la falta de valoración social de su trabajo. Y, por otra, la normativa laboral y de extranjería, claramente desfavorable.

Falta de papeles y contratos precarios

Persohome gestiona alta en la Seguridad Social de tu empleada del hogar.

Este último punto es uno de los más delicados, pues supone una dificultad añadida. La falta de papeles de las inmigrantes sin regularizar agrava su vulnerabilidad. Algo muy difícil de solucionar si se tiene en cuenta que, para obtener el derecho de residencia, se necesita un contrato de un año a plena jornada. Una práctica nada habitual en el empleo doméstico, donde lo corriente es que los contratos –si se llegan a hacer– sean por horas o a media jornada. Sin papeles, se ven obligadas a trabajar en la economía sumergida.

La normativa laboral tampoco juega a favor del sector. Las trabajadoras del hogar no pueden disfrutar de los mismos derechos que el resto, al estar adscritas al Sistema Especial del Régimen General de la Seguridad Social. Este sistema permite que sus cotizaciones sean más baratas, ya que no cotizan por su remuneración real, sino por tramos. Pero, al mismo tiempo, las excluye de derechos como la prestación por desempleo. Y lo mismo ocurre en caso de despido, que en estos casos se pueden realizar por “desistimiento” –es decir, sin justificar–, y con una indemnización de 12 días por año trabajado.

Sistema Especial

El Sistema Especial deja muy mermadas sus jubilaciones –más aún si no cotizan por todas sus horas trabajadas, algo muy común. En el caso de las empleadas por horas,no está previsto que tengan vacaciones remuneradas por ejemplo, según denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Y si a eso se suma que los trámites y papeleos necesarios para contratar llevan a muchas familias a no hacerlos además de evitarse los pagos a la Seguridad Social, el panorama empeora todavía más.

Las leyes existentes muchas veces no se cumplen en el sector. Según denuncian desde los sindicatos,  se pagan sueldos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional –fijado en 736 euros mensuales a jornada completa, por 14 pagas–, el número de horas trabajadas pactadas se supera, o no se respetan las 12 horas de descanso entre jornadas. Y faltan vías para denunciar los abusos. Sobre todo, para las trabajadoras sin papeles, cuya situación es de mayor indefensión, y que con frecuencia desconocen sus derechos laborales. Muchas de las internas tienen jornadas de más de 60 horas semanales, según la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya. Y, cuando pierden su trabajo, se quedan sin nada. Impulsar su concienciación, y también la de los empleadores, es otro de los objetivos a alcanzar.

Igualar derechos

Las propuestas para mejorar las condiciones de vida del colectivo son muchas y variadas. Oxfam Intermón plantea varias. Por ejemplo, simplificar los trámites de la contratación y cotización. O bien aumentar las subvenciones públicas de las cotizaciones sociales. Con ello se conseguiría, aseguran, que millones de euros de la economía sumergida salieran a la luz. Y un efecto beneficioso para todos: reducir los costes sociales asociados a mantener a un colectivo tan grande en la informalidad, la precariedad y la pobreza.

En esencia, la intención es igualar sus derechos laborales a los del resto de asalariados. Algo que ya se planteó al implantarse el Sistema Especial, pues se esperaba que esto acabara ocurriendo en 2019. Pero una enmienda del PP lo postergó hasta 2024.

Firma del convenio de la OIT

En la actualidad existen diversas iniciativas para eliminar elementos discriminatorios de la normativa, hacer efectiva esta equiparación con el resto de asalariados, y también para fomentar la contratación por parte de los empleadores. Una de ellas sería la firma del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos. Algo a lo que el actual Gobierno español se ha comprometido, y que se contempla en el pacto de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Su ratificación –suscrita ya por 25 países– permitiría impulsar cambios en la legislación laboral. Y abrir así la puerta al acceso al paro, las medidas de prevención de riesgos laborales, la libertad de asociación y sindical, la negociación colectiva, la protección de la maternidad, o contra cualquier tipo de explotación, abuso, acoso y violencia. Aunque los sindicatos advierten que “no es la panacea”.

“Por sí solo no arreglaría el problema. Pero plantea la necesidad de dignificar el sector. De ponerlo en el debate político, y garantizar su cumplimiento. Quizá sirva para poner el hilo en la aguja”, señala Carles Bertran, director del Centro de Información de Trabajadores Extranjeros (CITE), y coautor del informe de CCOO. En su opinión, otros pasos importantes serían visibilizar el sector, hacer campañas de sensibilización social, y flexibilizar la regularización del personal sin papeles. “En el trabajo del hogar, es prácticamente imposible conseguir contratos de un año a jornada completa”, denuncia.

Cheques servicio

Otra opción en estudio por parte de los sindicatos son los llamados “cheques servicio”, que se aplican en algunos países europeos como Francia o Bélgica desde hace una década. En esencia, se trata de la creación de una empresa pública que ejerce como intermediaria entre las familias y los trabajadores del hogar. Los pagos se realizan a través de cheques emitidos por el Estado, que factura las horas trabajadas y su correspondiente cotización a la Seguridad Social, además de realizar los trámites de la contratación y evitárselos así al empleador. Este servicio público garantizaría el cobro de un salario digno, la adscripción al Convenio Colectivo y derechos sindicales, entre otras mejoras. En definitiva, su función pretende regularizar el sector y aflorar el dinero negro.

En otros países el cheque servicio suele ir acompañado además de otras medidas como el pago por parte del Estado de una parte de las cotizaciones a la Seguridad Social, abaratando así su coste para las familias. Aunque su implantación no siempre ha tenido éxito. Según advierte Mariana Isla, directora de la Asociación de Ayuda Mútua de Inmigrantes de Cataluña (Amic) de UGT, en Italia dio pie a algunos fraudes, al aplicarse el cheque servicio en otros sectores que no eran el hogar.

Cooperativas de trabajadoras

Empleada de hogar planchando

Otra de las posibilidades sobre la mesa para acabar con la precariedad y la individualización del empleo doméstico sería la creación de cooperativas de trabajadoras. Su constitución les permitiría tener acceso al Régimen General de la Seguridad Social, o bien establecerse como autónomas. Según apunta Valentín Valencia, abogado del Col.lectiu Ronda, este tipo de sociedades “empodera” a las empleadas y les permite, por ejemplo, acceder a talleres y cursos de formación y consolidar sus puestos de trabajo. Les aporta más confianza a ellas, y también a las familias que las contratan.

“No es lo mismo que ir al mercado a buscar a alguien, ofrece más garantías y supone una mejora para las trabajadoras y el servicio”, señala. Para su constitución se requiere una inversión inicial de 3.000 euros a repartir entre todos los socios trabajadores. Desde los ateneos cooperativos y otras entidades se impulsa el inicio de este tipo de proyectos.

En su opinión, para mejorar la situación de todo el sector es necesario que las trabajadoras sean reconocidas en el Régimen General de la Seguridad Social y que la Administración ponga recursos para acabar con la precarización, asumiendo parte de los costes e implantando planes específicos. Algo en lo que coinciden todos los expertos consultados por este medio. Otra opción pasaría por plantear deducciones fiscales para fomentar la contratación, apunta el economista Gonzalo Bernardos

“Doble precariedad”

Aumentar las subvenciones y ayudas públicas no solo serviría para fomentar la contratación y mejorar las condiciones de las trabajadoras del hogar, sino también a las familias, ya que éstas “no siempre pueden pagar” todos los costes. Así lo advierte Liliana Reyes, miembro de la cooperativa Mujeres Pa’lante, una asociación que brinda todo tipo de apoyos a las mujeres inmigrantes, facilitando su inserción en el mercado laboral, y poniéndolas en contacto con los empleadores. Su denuncia es clara: “Hay familias que necesitan cuidar a personas dependientes, y también sufren la precariedad y no pueden permitirse contratar a alguien. El Estado debería involucrarse más. Se está abandonando a las familias y a las trabajadoras. Es un choque de dos precariedades”. Algo que se ha visto agravado con los recortes en la Ley de Dependencia de los últimos años. Y que choca con otra realidad. Y es que,  “la población envejece y cada vez son más necesarias”

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